Los conflictos
sociales pueden ser definidos
como procesos complejos en los cuales sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben
que sus objetivos,
intereses, valores o necesidades son contradictorios. Bajo ciertas circunstancias, estos procesos
pueden tornarse violentos.
En los últimos
años, la expansión y crecimiento de la economía peruana ha generado,
en amplios sectores de la
población, expectativas de inclusión en
los beneficios del crecimiento y, a la vez, temores respecto del uso y disposición de recursos naturales,
de cambios drásticos en sus sistemas de vida y de posibles afectaciones
a sus derechos Este crecimiento
se ha producido en el marco de un
sistema político y jurídico que tiene Iimitaciones
para canalizar oportunamente
las demandas de la población y prestar servicios de calidad.
En ese contexto, el país ha experimentado un incremento
sostenido de la conflictividad social y de la intensidad de las protestas públicas. Este incremento ha traído consigo
consecuencias negativas en el respeto a
los derechos fundamentales, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el desarrollo económico y la
promoción de una cultura de diálogo y paz. La violencia que se genera en los conflictos sociales ha provocado
y provoca |as consecuencias más
negativas tanto en las personas como en
la sociedad. en su conjunto. La violencia reiterada refuerza comportamientos agresivos y la idea equivocada de que es un medio eficaz para el logro de
los objetivos, desgasta la intermediación política, debilita la autoridad democrática
y el sistema de reglas de Derecho, pues confunde el uso de las libertades que
garantiza la Constitución Política
con la realización de actos ilegales
Es asi que, desde el
año 2004, la Defensoría del Pueblo (órgano
constitucional autónomo creado por la Constitución de 1993 cuya misión es entre otras,
promover la adecuada gestión de los
conflictos sociales, a través de procedimientos institucionales y el empleo de mecanismos de diálogo, con la finalidad de evitar afectaciones a los derechos fundamentales de las personas, sobre todo, cuando la violencia alcanza niveles de confrontación abierta) ha desarrollando un sistema de Monitoreo y Alerta
Temprana de Conflictos Sociales
que le permite procesar y
consolidar información a nivel nacional a través de sus 38 oficinas
defensoriales y módulos de atención y emite un reporte mensual de carácter
público. Hasta junio del 2012, la Defensoría del Pueblo ha publicado 100 reportes de
conflictos sociales, lo que le ha permitido aportar a las entidades del Estado,
a las organizaciones sociales, a las empresas y a la ciudadanía en general, información
actualizada sobre el estado de los conflictos en el país, con el fin de colaborar con la adecuada toma de decisiones de las autoridades y ciudadanos involucrados.
Para la
Defensoria del Pueblo, en el Perú existen 169 conflictos
activos (Es el conflicto social expresado por alguna de las partes o por
terceros a través de demandas públicas, formales o informales) y 78 conflictos latentes
(Es el conflicto social no expresado públicamente. Permanece oculto, silencioso
o inactivo, donde se puede observar la concurrencia de factores que tienen un
curso de colisión pero que no se manifiestan o habiéndose manifestado han
dejado de hacerlo durante un tiempo considerable) y los divide en: a) asuntos
de gobierno local; b) asuntos de gobierno regional; c) asuntos de
gobierno nacional; d) socioambiental; e) demarcación territorial; f) cultivo
ilegal de hoja de coca; g) laborales; h) comunales; i) electorales; j) otros asuntos
La
Defensoría del Pueblo presenta en su centésimo reporte sobre conflictos sociales información actualizada al 30 de Junio de 2012 en la cual menciona que la mayor
cantidad de conflictos sociales se ubica en los departamentos de Ancash (29
casos) y Puno (22 casos); le siguen los departamentos de Cajamarca (15 casos),
Cusco (15 casos), Lima provincias (15 casos) y Apurímac (15 casos).
Esta información estadística sirve para cartografiar la información la cual en el reporte de la Defensoria del Pueblo la presentan a nivel departamental
Por otro lado, la
Oficina de Gestión de Conflictos de la Presidencia del
Concejo de Ministros (PCM) reporta 67 Conflictos y los divide en: a) agrarios,
forestales y en áreas naturales protegidas; b) por demarcación territorial; c)
mineros en fases de exploración y explotación; d) relacionados a la minería
informal; e) energéticos en exploración y explotación; f) hidrocarburiferos; g)
conflictos laborales. Para el gobierno, cada ministerio debe prevenir y
resolver sus conflictos sectoriales a traves de sus oficina de Prevención de
Conflictos, pero cuando el conflicto adquiere un carácter multisectorial, la Oficina de Gestión de
Conflictos de la
Presidencia del Concejo de Ministros gestiona, coordina,
convoca, establece prioridades y en algunos casos asume el liderazgo del
Proceso.
De acuerdo a Victor Caballero (Jefe de la Oficina de Gestión de
Conflictos de la
Presidencia del Concejo de Ministros) en una entrevista
publicada en el Diario El Comercio responde que la PCM considera un Conflicto
activo cuando las partes entran en tension, con una fase escalamiento y otra de
crisis. Si el conflicto esta en Dialogo o en negociación no es un conflicto
activo, lo cual difiere con los criterios de la Defensoria del Pueblo
que considera la fase de Dialogo como un conflicto activo según el siguiente
esquema
Mas allá de la metodología aplicada por una u otra institución es evidente que a lo largo de los últimos años los conflictos sociales han mantenido un indice que no ha podido ser reducido, lo cual hace de suma necesidad un sistema focalizado de prevención de conflictos de acuerdo a la realidad sociopolitica y sobretodo cultural de determinada zona geográfica que en el Perú es extremadamente diverso.
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Sin embargo a parte de estas 2 instituciones, existen también otras alternativas de seguimiento de los conflictos sociales como el observatorio de conflictos amazónicos “VIGILANTE AMAZÓNICO. Red de Vigilancia de conflictos socioambientales amazónicos” que busca brindar información a los diferentes actores de Bagua y Condorcanqui (Amazonas), Satipo (Junín), Lamas (San Martín) y Napo (Loreto) para propiciar un clima favorable para la intervención y transformación de los conflictos y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Este proyecto es implementado por Catholic Relief Services (CRS) y desarrollado en alianza con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y CooperAcción-Acción Solidaria para el Desarrollo. Cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID-Perú).
Esta institución ha elaborado cartografía mas localizada de las
dinámicas de los conflictos socioambientales que se desarrollan en el ámbito de
la amazonia peruana donde se muestra
- Su relación con las actividades hidrocarburiferas (petróleo, gas y derivados), mineras, plantas hidroelectricas y agroindustriales
- La situación de las actividades desarrolladas y los conflictos sobre titulos, presencia de mineria informal, tala ilegal, etc.
- los procesos en contexto regional y nacional relacionados con la implementación de Derecho a la consulta previa, zonificación económica y ecológica y el ordenamiento territorial, entre otros.
Para ver el detalle de los conflictos sociales a nivel
distrital puede acceder al Reporte N° 100 elaborado por la Defensoria del Pueblo
para el mes de junio de 2012 en el siguiente link: http://www.defensoria.gob.pe/
Para detalles de los conflictos sociales a nivel de pueblos
indigenas puede acceder al reporte N° 03 elaborado por el observatorio de conflictos
amazónicos VIGILANTE AMAZÓNICO para el
mes de junio de 2012 en el siguiente link: http://vigilanteamazonico.pe/
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